El enfoque que nosotros hemos pedido de esta nueva política de drogas es un enfoque que sea para el cuidado de la vida, no una regulación para negocio sino una regulación para la paz”. Estas palabras, pronunciadas en la instalación de la Comisión Accidental sobre la Nueva Política de Drogas en Colombia por Luis Muelas Vitonás, un productor de cannabis del norte del Cauca, pusieron en el centro del debate un tema que se estaba tocando de manera tangencial en los salones del Congreso y los ministerios: el papel de los productores que han sido afectados por la guerra contra las drogas, que pueden contribuir a la construcción de un esquema de regulación que reduzca las violencias y genere condiciones para la paz.
Las propuestas y modelos actuales de regulación de los mercados de cannabis de uso adulto en Colombia y otros países han centrado su atención en las condiciones de acceso de los consumidores a la flor seca y sus derivados. No obstante, sin dejar de lado la importancia y el valor que esto tiene para la construcción de una sociedad más democrática, es posible sostener que el principal desafío para la regulación en una sociedad como la colombiana no es el consumo, sino la producción y su articulación en redes de economía ilegalizada.
La relación entre la economía del narcotráfico y el conflicto armado ha sido analizada por diversas investigaciones, así como por personas expertas en política pública, desde diferentes perspectivas (Ramírez, 2001; Serje, 2005; Espinosa, 2010; García et al., 2013; Duncan, 2015; Ulloa & Coronado, 2016; Cruz & Pereira, 2021; Britto, 2022; Ciro, 2020; 2023; Marín et al., 2023; Espitia & Majbub, 2024). Recientemente, en su Informe Final, la Comisión de la Verdad (cev) explicó cómo se ha instalado una retórica bélica en torno a los cultivadores de coca, marihuana y amapola, que los equipara con
actores del conflicto armado (cev, 2022). Así mismo, el estudio de los antecedentes del paradigma prohibicionista ha mostrado cómo en la década de los setenta se estableció un régimen internacional de fiscalización de las drogas al que Colombia
Este policy brief presenta una propuesta para la regulación del mercado de cannabis de uso adulto desde una perspectiva diferente. Se estructura en cuatro apartados. En el primero, se presentan algunos aspectos de las experiencias de regulación de cannabis de uso adulto; en el segundo, se esboza un contexto político y económico de la región del norte del Cauca; el tercero se centra en experiencias de regulación de cultivos de uso ilícito por parte de autoridades étnicas y organizaciones de productores, en el contexto regional del conflicto armado. Finalmente, el cuarto apartado presenta seis recomendaciones para una propuesta de regulación del cannabis de uso adulto orientada a la transformación de la economía regional y la construcción de paz.
Este documento retoma y complementa elementos propuestos en diferentes espacios por quienes participan de las discusiones sobre política de drogas: académicos, funcionarios de instituciones, organizaciones y productores de cannabis del norte del Cauca. Algunos de estos debates se han dado en audiencias públicas, foros académicos, espacios de diálogo con el Gobierno nacional o en medios de comunicación.
